MONS. FR. RAÚL VERA LÓPEZ, O.P. OBISPO DE SALTILLO
Simposio Rafto, 5 de noviembre del 2010
Mientras México celebra el Bicentenario de su Independencia y el Centenario de su Revolución,su realidad revela las más agresivas violaciones de derechos humanos contra su población y contra las personas migrantes que transitan por su territorio.
Hablar de los Derechos Humanos hoy en el mundo y particularmente en México, es denunciar ineludiblemente la muerte violenta y a la exclusión de millones de hombres y mujeres, niños, adolescentes y adultos. Lo que nos interpela a enfrentar las causas estructurales que propician las violaciones sistemática a los derechos humanos y buscar una solución a ellas desde distintos ámbitos a nivel local, regional e internacional. Todo esto significa descubrir la riqueza da la naturaleza humana y su dignidad, como referente seguro que nos articule como sociedad internacional para defender y promover, desde todos los sectores, en forma unánime y organizada, los derechos humanos.
CLAVES PARA ENTENDER LA CRISIS
En este momento en México se padecen las consecuencias de una estructura socio política y socio económica que multiplica y generaliza una sistemática violación a los Derechos Humanos de hombres y mujeres. El régimen político se empeña en mantener una regla a seguir: La apuesta a la impunidad y la injusticia. Los efectos de esta postura son el desmantelamiento y debilitamiento del Estado, mediante cuestionables procesos democráticos que posibilitan mecanismos nacionales e internacionales para la operación de negocios de alto rendimiento económico, que permiten el enriquecimiento de unas cuantas personas, sin regulaciones claras para determinar el origen y destino del dinero. Todo esto ha generado un contexto de violencia institucionalizada, cuyo principal resultado es la pobreza creciente de la gran mayoría de la población y una cultura de muerte.
Son sumamente preocupantes las consecuencias que está teniendo en la población la guerra inconstitucional contra el crimen organizado, que es de simulación, pues a las mafias criminales no se le quitan las bases que soportan y alimentan su poder: el flujo financiero y el apoyo político. El grado de infiltración de las mafias del crimen organizado en las estructuras políticas, de seguridad pública y de procuración de justicia en México, es alarmante. El poder económico con el que estas mafias cuentan para corromper a personas de todos los niveles, dentro de la función pública, en las empresas y en los centros financieros que les lavan el dinero, aumentan de manera exponencial. Este poderío económico les facilita renovar sus cuadros cuando tienen bajas en sus brazos armados o les matan o apresan a alguno de sus grandes capos. En nada o casi nada les afectan las bajas que les provoca el Gobierno. Éste enfrenta al crimen organizado prioritariamente de manera bélica, por medio de las fuerzas armadas, con escasa o casi nula procuración de justicia, lo que hace que el Estado Mexicano aparezca cada vez más débil ante el poderío de las bandas criminales. La consecuencia inmediata de esta situación es que la población queda a merced de dichas bandas, sin que nadie ni nada, la defienda. El país se está deshaciendo. Esto viola los derechos que todo pueblo tiene a la vida, a la paz, a la libertad, a la seguridad y a la integridad. El Estado en este momento no protege ni garantiza la vida, ni las propiedades de la ciudadanía.
La falsa “legalidad” carente de toda dimensión ética, que se utiliza para investigar y proceder en justicia contra las empresas, instituciones públicas y funcionarios, que posibilitan el flujo de los recursos financieros y del armamento del crimen organizado, es el acuerdo. La supuesta “legalidad” que garantiza que las asociaciones delictuosas de grandes empresas acumulen más riqueza, aniquilando de esta manera los derechos de los trabajadores, es prioridad.
En México desde hace más de 30 años se ha asumido con toda la severidad que se pueda imaginar, el modelo económico neoliberal. Lo que ha hecho crecer sistemáticamente la pobreza, ha agrandado la desigualdad social y ha multiplicado una tras otra las inequidades. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA) ha beneficiado a los grandes capitales, pero ha reducido la calidad de vida de más de un 80% de la población. Los obreros y las obreras, los trabajadores y trabajadoras han quedado a merced del arbitrio de los empresarios, que son protegidos por encima de los derechos de los trabajadores, de manera abierta, sin ninguna ética, por parte de las autoridades. Es deplorable la desprotección en que queda la clase trabajadora y la reducción que está sufriendo en sus prestaciones y derechos laborales. Esto es generalizado. La libertad sindical, que ya sufría muchas acotaciones, en este momento es objeto de acoso, de reducción y control desmedido de sus libertades. De manera especial se están desmontando y desapareciendo los sindicatos independientes que ven por el obrero y que hasta ahora se mantenían fuera del control gubernamental a favor de los intereses empresariales. También a los campesinos y a los indígenas se les está expulsando del progreso y del acceso a la vida digna. Entre los jóvenes que viven en la sociedad urbana también hay exclusión, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció que en México existen casi tres millones de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ya que no tienen la oportunidad de hacerlo.
Otra situación que se manifiesta de manera alarmante y que conforme pasan los meses se va incrementando en el Estado de Coahuila y el norte del país, es la desaparición forzada de personas. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, tiene documentados a la fecha ochenta y cuatro casos de personas que han sido desaparecidas, sólo en el estado de Coahuila. Fuentes periodísticas hablan de más de mil desaparecidos en toda la frontera norte del país, sin que a la fecha ni el Gobierno Estatal ni el Federal, realicen las investigaciones correspondientes. En lugar de atender a las familias, ambos niveles de gobierno, se han encargado de hacer invisible la situación al crear un cerco informativo en los medios de comunicación.
Las agresiones, intimidaciones, amenazas y secuestros hacia reporteros y reporteras han aumentado en los últimos dos años. Basta mencionar el asesinato de dos reporteros en el territorio geográfico de la Diócesis de Saltillo, y tres ataques a medios de comunicación, siendo dos medios gráficos y una televisora, que trabajan en el estado de Coahuila. Amnistía Internacional (AI) en su informe 2010 menciona al menos doce periodistas asesinados a nivel nacional en el 2009 por temas relacionados a seguridad pública y corrupción. Según datos de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), en lo que va del año 2010, son diez los periodistas asesinados en el país, lo que coloca a México como el país de mayor riesgo para el desarrollo de esta actividad.
Todos estos hechos evidencian la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la expresión, la información y la verdad a la que todos y todas tenemos derecho, y que son indispensables para futuras acciones y denuncias. Esto tiene que ver con la renuncia al deber de proteger y garantizar los derechos humanos, a la corrupción de miembros de las instituciones que debieran procesar a los responsables y que en lugar de dedicarse a hacer cumplir la ley, han decidido aliarse con los delincuentes para ponerse a su servicio y con ello permitirles que impongan sus reglas a la sociedad.
SECUESTRO DE MIGRANTES: “TRAGEDIA HUMANITARIA”
A finales del 2007 grupos de la delincuencia organizada se empezaron a adueñar de las comunidades por donde transitan las personas migrantes, para perpetrar secuestros y extorsiones de manera sistemática. Sobre estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calculó en mayo del 2009 que en un periodo de seis meses, se cometieron 9,758 secuestros contra migrantes a lo largo del territorio nacional, por lo que se puede afirmar que es un delito sistemático y generalizado contra esta población. La brutalidad de estos actos es una característica insoslayable de esta problemática, pues en los lugares en los que las víctimas son retenidas, sufren toda clase de torturas, tratos crueles y degradantes, castigos físicos, psicológicos y asesinatos.
Estos hechos cobran una dimensión más grave cuando se constata que el crimen organizado opera en colusión o con la anuencia de las autoridades de las distintas localidades en las que constantemente se secuestra a las personas migrantes. Las víctimas han manifestado que son las policías municipales quienes trabajan en relación más directa con la delincuencia, y que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PFP) observan desde sus distintos retenes y garitas el cruce de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes en calidad de secuestrados, sin llevar a cabo ninguna acción para liberar a las víctimas y detener a los delincuentes.
Las víctimas son migrantes procedentes en su mayoría de los países centroamericanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, aunque también llegan personas de otros países del cono sur. Hace mas de dos meses se hizo pública la noticia de la abominable e indignante masacre de catorce mujeres y cincuenta y cuatro hombres de Centroamérica, Ecuador y Brasil, cuyos cuerpos aparecieron acribillados en un rancho del estado de Tamaulipas, noreste mexicano.
Además de que sirve para que los y las migrantes se desistan de su ingreso a Estados Unidos (EEUU), la finalidad del secuestro a los migrantes es obtener dinero de parte de sus familiares, que los están esperando en ese país. Esta actividad empezó de una manera poco organizada, en el 2007 se sabía que se les secuestraba, sin embargo aún no se establecían los mecanismos que hoy tienen para efectuar dichos secuestros.
Desde hace poco más de dos años, la terrible tragedia empezó a comprobarse y a darse a conocer. Miembros del crimen organizado con la aquiescencia de agentes estatales, han ido estableciendo contactos para efectuar los secuestros y los tormentos espantosos que utilizan para lograr que los migrantes les entreguen los teléfonos de sus familiares en EEUU para extorsionarlos, con la finalidad de que liberen a los secuestrados. Esta información se ha obtenido gracias a la liberación y posterior denuncia de parte de las personas secuestradas, lo mismo que por los familiares que han pagado rescates, o bien, porque de alguna manera, ellos o ellas lograron huir de esas casas, protegiéndose en albergues y casas especialmente organizados para su bien.
Ahora sabemos que la misma policía es un instrumento para “engancharlos” (se llama “enganchador” a la persona que hace el primer contacto entre secuestradores y migrantes) y entregarlos a los secuestradores. Los agentes mexicanos de migración actúan muchas veces como cómplices. Los miembros del crimen organizado también obligan a algunos migrantes a fungir como “enganchadores”, y con el engaño de que ellos van a servir de guía a compañeros migrantes para pasar a los EEUU, se presentan como “coyotes” o “pateros” (como se les llama a quienes trabajan en esta tarea), pero en realidad son entregados a las bandas de secuestradores.
En México el ferrocarril ya no se utiliza para el transporte de personas; los migrantes viajan en los trenes que transportan mercancía, van en los techos de los vagones o escondidos dentro de ellos. Los miembros del crimen organizado se ponen de acuerdo con los conductores de estos trenes para subir y bajar a los migrantes que van en dicho transporte, y los trasladan en vehículos que ellos administran. Los llevan a “casas de seguridad” (lugares en que mantienen encerradas incluso hasta 300 personas), donde todos los días son torturados para que les entreguen los teléfonos de los familiares en EEUU, a quienes les piden cantidades que en promedio llegan a los tres mil quinientos dólares, con un límite máximo de ocho mil dólares por persona. En ocasiones aceptan doscientos o trescientos, si la familia no tiene medios. El régimen interno de esas “casas” es de verdadera esclavitud; a las mujeres se les obliga a cocinar escasas raciones de alimentos que se les proporciona a los secuestrados y las secuestradas, además que de son violadas sexualmente de manera permanente. Los varones asean la casa y realizan trabajos forzados.
Es muy factible que esos lugares cuenten con personas con conocimientos clínicos ya que algunos de los migrantes que no tienen familiares en Estados Unidos, llegan a pagar con la extracción de un riñón, que posterior e inmediatamente se comercializa en el mercado del tráfico de órganos. Si llega una mujer embarazada, lo mismo hacen con su bebé recién nacido: lo venden. Han llegado a descuartizar viva a una persona, a quien poco a poco le van amputando los miembros de su cuerpo hasta llegar a decapitarlo. Esto lo hacen en la presencia de todas las personas que están en la “casa de seguridad”, como tortura y control, para amedrentarlas, y que de esa manera les entreguen “libremente” los números telefónicos de sus conocidos o familiares en EEUU. A quienes no tienen familia o, simplemente, se han negado a dar los teléfonos, los invitan a formar parte de su organización criminal, ofreciéndoles como salario cantidades fuertes de dinero.
CAUSAS DE LA TRAGEDIA
La migración forzada tiene en el modelo económico mundial del libre mercado, una de sus causas principales, ya que el Estado no ejerce ningún control sobre los mecanismos del flujo del dinero. En el modelo económico del libre mercado, ha desaparecido el concepto de servicio que mantenía la ley de la oferta y la demanda, en donde el productor de bienes y servicios tenía como principal objetivo responder a las necesidades del consumidor, que es el trabajador, a quien por lo tanto se le debía sostener un salario que mantuviera su capacidad adquisitiva. También desde la perspectiva del servicio, quien produce ha de responder a las necesidades reales del consumidor, dentro de parámetros que respondan al sustento de la calidad de vida de quien consume.
Para regular todos los aspectos de justicia y derecho, que mantengan el equilibrio entre quienes están en la parte de la oferta, y quienes demandan los bienes, se hace necesaria la intervención del Estado, que debe supervisar que se sostenga el necesario equilibrio entre el valor de cambio (que es el valor que recibe el que produce, a cambio del producto que ofrece) y el valor de uso (que es el valor de utilidad que proporciona el bien adquirido por el consumidor).
El modelo económico actual obliga al Estado únicamente a proteger a los grandes productores, quienes, sin control alguno de parte del Estado, han exagerado el valor de cambio para obtener las grandes ganancias que les lleven a engrosar los capitales, necesarios para mantenerse en el juego de libre mercado. Esta exageración en el valor de cambio, afecta el valor de uso de los bienes producidos, pues al perderse el espíritu de servicio en el productor, quien únicamente busca la ganancia, se anula la intención de estar al servicio de la calidad de vida del consumidor.
En su afán de lucro, quien produce los bienes y servicios no se preocupa de la calidad de vida de los obreros que trabajan en su empresa y, en consecuencia, tampoco se preocupa de los salarios justos que deberían percibir. Busca que el Estado le mantenga salarios bajos y le facilite la reducción de las prestaciones laborales. De esta manera el trabajador queda al margen del progreso y, por tanto, de toda posibilidad de alcanzar a un nivel de vida digna.
Al Estado se le obliga a “desregular” (tener nula regularización fiscal) los controles fiscales para que el gran capital no tenga ningún problema para multiplicarse. Esta desregulación no solamente lleva consigo la exoneración de las cargas fiscales que le corresponde pagar a un inversionista, por las ganancias que va generar una actividad productiva, sino que también el Estado no ejerce ningún control sobre las ganancias que ese capital genera en el mercado especulativo (hasta antes de la crisis de la Bolsa en Nueva York, esto era un principio absoluto, que ahora se trata de corregir con medidas todavía muy débiles de parte de los Estados).
En una economía con este modelo, la persona humana y sus necesidades pasan a un segundo plano, para que los seres humanos se conviertan solamente en instrumentos, que contribuyen a engrosar las fortunas de unas cuantas familias del mundo.
Son los países que tienen una economía débil, a quienes de manera más severa se imponen las medidas de desregulación de sus controles fiscales a la inversión de capitales, sean extranjeros o nacionales. También a los países débiles se les imponen políticas de privatización de los servicios que normalmente presta el Estado.
De este modo, los sistemas políticos de estos Estados, que deberían tener a su cargo el cuidado del desarrollo integral de la población de sus naciones, se ponen al servicio de quienes se enriquecen con el sistema económico imperante, que es injusto, pues la responsabilidad social del Estado queda reducida al mínimo. En esta situación, una gran parte de los ciudadanos de tales países se ven impelidos a la migración forzada, buscando no solamente trabajo, sino un fuente laboral más dignamente remunerada.
A los mecanismos del flujo de dinero a nivel internacional, sin que el Estado ejerza ningún control, se añade el dinero sucio generado por el crimen organizado. Las condiciones que el modelo económico mundial mantiene, facilitan que el dinero proveniente de acciones ilegales y criminales, se convierta en dinero legal, con el que este tipo de organizaciones compran armas más poderosas que las que tienen los cuerpos policíacos y las fuerzas armadas de muchas naciones del mundo; con ese dinero corrompen a las fuerzas de seguridad, políticos, funcionarios públicos, empresarios y operadores de centros financieros. Con ese dinero contratan jóvenes como sicarios y pistoleros, porque a esas personas nadie les ofrece la oportunidad de un trabajo honesto.
Todo se conjunta contra los migrantes centroamericanos y sudamericanos, para hacerlos vivir un clima de terror y sufrimiento a su paso por México, quienes caminan con la ilusión de alcanzar lo que se ha dado por llamar el “Sueño Americano”, es decir, ir a buscar mejores posibilidades de vida para ellos y sus familias en los EEUU. Por una parte, ya es una tragedia el hecho de que en sus propios países de origen no hayan encontrado condiciones de vida digna, y por otra, su encuentro con el crimen organizado, a quien se le permite actuar impunemente contra ellos, representa una tragedia todavía peor.
ACCIONES ANTE LA TRAGEDIA
Han desaparecido de nuestras leyes los aspectos que criminalizan a los hombres y mujeres migrantes. Hasta hace poco era considerado un delito penalizado por la ley, entrar al país sin los debidos requisitos de internación; después de que se ha realizado la reforma, resulta ser solamente una falta de orden administrativo el ingresar a México sin los correspondientes documentos migratorios.
Diversas organizaciones de la sociedad civil trabajan para que a los migrantes que cruzan el país para buscar una fuente de trabajo en EEUU, se les proteja por medio de un documento que les proporcione una calidad migratoria. México ha firmado acuerdos internacionales que le obligan a proteger los derechos humanos de las personas migrantes que se internan en su territorio sin documentos. Sólo de este modo podremos evitar el estado de indefensión en el que los migrantes se ven obligados a recorrer nuestro país.
Son muy peligrosas las condiciones en que abordan los trenes o bajan de ellos, cosa que hacen cuando el tren está en plena marcha; lo mismo sucede cuando se mueven de vagón a vagón para encontrar un espacio donde viajar, porque caminan sobre los techos de los vagones en condiciones de gran riesgo. Muchas veces caen en las vías del ferrocarril, sufren fracturas, son mutilados por las ruedas del tren, o mueren. Debido a que no cuentan con una identificación, y pueden ser detenidos y deportados a sus países de origen, transitan a pie por lugares aislados, entre bosques, selvas, montañas y desiertos, lo que los expone a ser víctimas de deshidratación y enfermedades, pero sobre todo asaltos y robos, en los que algunos de ellos son asesinados, y las mujeres en su mayoría abusadas sexualmente.
Ante las continuas denuncias de violación a los Derechos Humanos contra los migrantes, el gobierno mexicano creó una visa temporal, que permite que una persona migrante que haya sido víctima de estas violaciones, pueda permanecer en México incluso con acceso a un trabajo, mientras se realiza el juicio contra quienes cometieron tales crímenes. Desafortunadamente, aún cuando se entregan dichas visas y se pone bajo protección a las personas agredidas, el juicio contra los delincuentes no se realiza, ni se repara daño a las personas injuriadas. Entregar esa visa es un procedimiento burocrático para aparentar que México defiende los Derechos Humanos de los migrantes, pero no se concluye en nada.
Para evitar que se sigan violando los derechos de las personas migrantes en México, se deben modificar las políticas migratorias del Gobierno, cesar en su propósito de administrar el flujo migratorio para que México sea un muro de contención de los migrantes que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos e ingresar a ese país. Mientras México mantenga esta intención en sus políticas migratorias, no defenderá los derechos de las personas en situación de migración, sino que seguirá manteniendo en la impunidad todas las acciones violatorias de los Derechos Humanos de ellas y continuará haciéndose cómplice de tales injusticias.
Es urgente que el Estado mexicano sancione a quienes sin estar autorizados legalmente para pedir documentos migratorios, lo hacen solamente por la sospecha de que una persona pueda ser extranjera. Los únicos agentes autorizados a exigir documentos que acrediten una presencia legal en México, son quienes integran el INM. Ante una política de contención para que los migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, no lleguen a los Estados Unidos, todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra ellos o ellas, llegan a ser una colaboración implícita a favor de esta política, por lo que el Estado, debe responsabilizarse.
Se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) por secuestro y demás violaciones a derechos humanos de los migrantes en su paso por México. En marzo de este año, se informó en Audiencia Temática sobre esta grave “Tragedia Humanitaria”, denunciando a los funcionarios públicos y de migración como cómplices de los secuestros, extorsiones y asesinatos, sin que reaccionara, dieran respuesta, o lo negaran las autoridades mexicanas que estuvieron presentes, por lo que ahora la responsabilidad recae con mayor fuera sobre el Estado mexicano, quien al incumplir pactos internacionales que velan por la integridad de cualquier persona que esté en su territorio, merece una condena más firme de la comunidad internacional.
Hablar de los Derechos Humanos hoy en el mundo y particularmente en México, es denunciar ineludiblemente la muerte violenta y a la exclusión de millones de hombres y mujeres, niños, adolescentes y adultos. Lo que nos interpela a enfrentar las causas estructurales que propician las violaciones sistemática a los derechos humanos y buscar una solución a ellas desde distintos ámbitos a nivel local, regional e internacional. Todo esto significa descubrir la riqueza da la naturaleza humana y su dignidad, como referente seguro que nos articule como sociedad internacional para defender y promover, desde todos los sectores, en forma unánime y organizada, los derechos humanos.
CLAVES PARA ENTENDER LA CRISIS
En este momento en México se padecen las consecuencias de una estructura socio política y socio económica que multiplica y generaliza una sistemática violación a los Derechos Humanos de hombres y mujeres. El régimen político se empeña en mantener una regla a seguir: La apuesta a la impunidad y la injusticia. Los efectos de esta postura son el desmantelamiento y debilitamiento del Estado, mediante cuestionables procesos democráticos que posibilitan mecanismos nacionales e internacionales para la operación de negocios de alto rendimiento económico, que permiten el enriquecimiento de unas cuantas personas, sin regulaciones claras para determinar el origen y destino del dinero. Todo esto ha generado un contexto de violencia institucionalizada, cuyo principal resultado es la pobreza creciente de la gran mayoría de la población y una cultura de muerte.
Son sumamente preocupantes las consecuencias que está teniendo en la población la guerra inconstitucional contra el crimen organizado, que es de simulación, pues a las mafias criminales no se le quitan las bases que soportan y alimentan su poder: el flujo financiero y el apoyo político. El grado de infiltración de las mafias del crimen organizado en las estructuras políticas, de seguridad pública y de procuración de justicia en México, es alarmante. El poder económico con el que estas mafias cuentan para corromper a personas de todos los niveles, dentro de la función pública, en las empresas y en los centros financieros que les lavan el dinero, aumentan de manera exponencial. Este poderío económico les facilita renovar sus cuadros cuando tienen bajas en sus brazos armados o les matan o apresan a alguno de sus grandes capos. En nada o casi nada les afectan las bajas que les provoca el Gobierno. Éste enfrenta al crimen organizado prioritariamente de manera bélica, por medio de las fuerzas armadas, con escasa o casi nula procuración de justicia, lo que hace que el Estado Mexicano aparezca cada vez más débil ante el poderío de las bandas criminales. La consecuencia inmediata de esta situación es que la población queda a merced de dichas bandas, sin que nadie ni nada, la defienda. El país se está deshaciendo. Esto viola los derechos que todo pueblo tiene a la vida, a la paz, a la libertad, a la seguridad y a la integridad. El Estado en este momento no protege ni garantiza la vida, ni las propiedades de la ciudadanía.
La falsa “legalidad” carente de toda dimensión ética, que se utiliza para investigar y proceder en justicia contra las empresas, instituciones públicas y funcionarios, que posibilitan el flujo de los recursos financieros y del armamento del crimen organizado, es el acuerdo. La supuesta “legalidad” que garantiza que las asociaciones delictuosas de grandes empresas acumulen más riqueza, aniquilando de esta manera los derechos de los trabajadores, es prioridad.
En México desde hace más de 30 años se ha asumido con toda la severidad que se pueda imaginar, el modelo económico neoliberal. Lo que ha hecho crecer sistemáticamente la pobreza, ha agrandado la desigualdad social y ha multiplicado una tras otra las inequidades. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA) ha beneficiado a los grandes capitales, pero ha reducido la calidad de vida de más de un 80% de la población. Los obreros y las obreras, los trabajadores y trabajadoras han quedado a merced del arbitrio de los empresarios, que son protegidos por encima de los derechos de los trabajadores, de manera abierta, sin ninguna ética, por parte de las autoridades. Es deplorable la desprotección en que queda la clase trabajadora y la reducción que está sufriendo en sus prestaciones y derechos laborales. Esto es generalizado. La libertad sindical, que ya sufría muchas acotaciones, en este momento es objeto de acoso, de reducción y control desmedido de sus libertades. De manera especial se están desmontando y desapareciendo los sindicatos independientes que ven por el obrero y que hasta ahora se mantenían fuera del control gubernamental a favor de los intereses empresariales. También a los campesinos y a los indígenas se les está expulsando del progreso y del acceso a la vida digna. Entre los jóvenes que viven en la sociedad urbana también hay exclusión, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció que en México existen casi tres millones de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ya que no tienen la oportunidad de hacerlo.
Otra situación que se manifiesta de manera alarmante y que conforme pasan los meses se va incrementando en el Estado de Coahuila y el norte del país, es la desaparición forzada de personas. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, tiene documentados a la fecha ochenta y cuatro casos de personas que han sido desaparecidas, sólo en el estado de Coahuila. Fuentes periodísticas hablan de más de mil desaparecidos en toda la frontera norte del país, sin que a la fecha ni el Gobierno Estatal ni el Federal, realicen las investigaciones correspondientes. En lugar de atender a las familias, ambos niveles de gobierno, se han encargado de hacer invisible la situación al crear un cerco informativo en los medios de comunicación.
Las agresiones, intimidaciones, amenazas y secuestros hacia reporteros y reporteras han aumentado en los últimos dos años. Basta mencionar el asesinato de dos reporteros en el territorio geográfico de la Diócesis de Saltillo, y tres ataques a medios de comunicación, siendo dos medios gráficos y una televisora, que trabajan en el estado de Coahuila. Amnistía Internacional (AI) en su informe 2010 menciona al menos doce periodistas asesinados a nivel nacional en el 2009 por temas relacionados a seguridad pública y corrupción. Según datos de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), en lo que va del año 2010, son diez los periodistas asesinados en el país, lo que coloca a México como el país de mayor riesgo para el desarrollo de esta actividad.
Todos estos hechos evidencian la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la expresión, la información y la verdad a la que todos y todas tenemos derecho, y que son indispensables para futuras acciones y denuncias. Esto tiene que ver con la renuncia al deber de proteger y garantizar los derechos humanos, a la corrupción de miembros de las instituciones que debieran procesar a los responsables y que en lugar de dedicarse a hacer cumplir la ley, han decidido aliarse con los delincuentes para ponerse a su servicio y con ello permitirles que impongan sus reglas a la sociedad.
SECUESTRO DE MIGRANTES: “TRAGEDIA HUMANITARIA”
A finales del 2007 grupos de la delincuencia organizada se empezaron a adueñar de las comunidades por donde transitan las personas migrantes, para perpetrar secuestros y extorsiones de manera sistemática. Sobre estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calculó en mayo del 2009 que en un periodo de seis meses, se cometieron 9,758 secuestros contra migrantes a lo largo del territorio nacional, por lo que se puede afirmar que es un delito sistemático y generalizado contra esta población. La brutalidad de estos actos es una característica insoslayable de esta problemática, pues en los lugares en los que las víctimas son retenidas, sufren toda clase de torturas, tratos crueles y degradantes, castigos físicos, psicológicos y asesinatos.
Estos hechos cobran una dimensión más grave cuando se constata que el crimen organizado opera en colusión o con la anuencia de las autoridades de las distintas localidades en las que constantemente se secuestra a las personas migrantes. Las víctimas han manifestado que son las policías municipales quienes trabajan en relación más directa con la delincuencia, y que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PFP) observan desde sus distintos retenes y garitas el cruce de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes en calidad de secuestrados, sin llevar a cabo ninguna acción para liberar a las víctimas y detener a los delincuentes.
Las víctimas son migrantes procedentes en su mayoría de los países centroamericanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, aunque también llegan personas de otros países del cono sur. Hace mas de dos meses se hizo pública la noticia de la abominable e indignante masacre de catorce mujeres y cincuenta y cuatro hombres de Centroamérica, Ecuador y Brasil, cuyos cuerpos aparecieron acribillados en un rancho del estado de Tamaulipas, noreste mexicano.
Además de que sirve para que los y las migrantes se desistan de su ingreso a Estados Unidos (EEUU), la finalidad del secuestro a los migrantes es obtener dinero de parte de sus familiares, que los están esperando en ese país. Esta actividad empezó de una manera poco organizada, en el 2007 se sabía que se les secuestraba, sin embargo aún no se establecían los mecanismos que hoy tienen para efectuar dichos secuestros.
Desde hace poco más de dos años, la terrible tragedia empezó a comprobarse y a darse a conocer. Miembros del crimen organizado con la aquiescencia de agentes estatales, han ido estableciendo contactos para efectuar los secuestros y los tormentos espantosos que utilizan para lograr que los migrantes les entreguen los teléfonos de sus familiares en EEUU para extorsionarlos, con la finalidad de que liberen a los secuestrados. Esta información se ha obtenido gracias a la liberación y posterior denuncia de parte de las personas secuestradas, lo mismo que por los familiares que han pagado rescates, o bien, porque de alguna manera, ellos o ellas lograron huir de esas casas, protegiéndose en albergues y casas especialmente organizados para su bien.
Ahora sabemos que la misma policía es un instrumento para “engancharlos” (se llama “enganchador” a la persona que hace el primer contacto entre secuestradores y migrantes) y entregarlos a los secuestradores. Los agentes mexicanos de migración actúan muchas veces como cómplices. Los miembros del crimen organizado también obligan a algunos migrantes a fungir como “enganchadores”, y con el engaño de que ellos van a servir de guía a compañeros migrantes para pasar a los EEUU, se presentan como “coyotes” o “pateros” (como se les llama a quienes trabajan en esta tarea), pero en realidad son entregados a las bandas de secuestradores.
En México el ferrocarril ya no se utiliza para el transporte de personas; los migrantes viajan en los trenes que transportan mercancía, van en los techos de los vagones o escondidos dentro de ellos. Los miembros del crimen organizado se ponen de acuerdo con los conductores de estos trenes para subir y bajar a los migrantes que van en dicho transporte, y los trasladan en vehículos que ellos administran. Los llevan a “casas de seguridad” (lugares en que mantienen encerradas incluso hasta 300 personas), donde todos los días son torturados para que les entreguen los teléfonos de los familiares en EEUU, a quienes les piden cantidades que en promedio llegan a los tres mil quinientos dólares, con un límite máximo de ocho mil dólares por persona. En ocasiones aceptan doscientos o trescientos, si la familia no tiene medios. El régimen interno de esas “casas” es de verdadera esclavitud; a las mujeres se les obliga a cocinar escasas raciones de alimentos que se les proporciona a los secuestrados y las secuestradas, además que de son violadas sexualmente de manera permanente. Los varones asean la casa y realizan trabajos forzados.
Es muy factible que esos lugares cuenten con personas con conocimientos clínicos ya que algunos de los migrantes que no tienen familiares en Estados Unidos, llegan a pagar con la extracción de un riñón, que posterior e inmediatamente se comercializa en el mercado del tráfico de órganos. Si llega una mujer embarazada, lo mismo hacen con su bebé recién nacido: lo venden. Han llegado a descuartizar viva a una persona, a quien poco a poco le van amputando los miembros de su cuerpo hasta llegar a decapitarlo. Esto lo hacen en la presencia de todas las personas que están en la “casa de seguridad”, como tortura y control, para amedrentarlas, y que de esa manera les entreguen “libremente” los números telefónicos de sus conocidos o familiares en EEUU. A quienes no tienen familia o, simplemente, se han negado a dar los teléfonos, los invitan a formar parte de su organización criminal, ofreciéndoles como salario cantidades fuertes de dinero.
CAUSAS DE LA TRAGEDIA
La migración forzada tiene en el modelo económico mundial del libre mercado, una de sus causas principales, ya que el Estado no ejerce ningún control sobre los mecanismos del flujo del dinero. En el modelo económico del libre mercado, ha desaparecido el concepto de servicio que mantenía la ley de la oferta y la demanda, en donde el productor de bienes y servicios tenía como principal objetivo responder a las necesidades del consumidor, que es el trabajador, a quien por lo tanto se le debía sostener un salario que mantuviera su capacidad adquisitiva. También desde la perspectiva del servicio, quien produce ha de responder a las necesidades reales del consumidor, dentro de parámetros que respondan al sustento de la calidad de vida de quien consume.
Para regular todos los aspectos de justicia y derecho, que mantengan el equilibrio entre quienes están en la parte de la oferta, y quienes demandan los bienes, se hace necesaria la intervención del Estado, que debe supervisar que se sostenga el necesario equilibrio entre el valor de cambio (que es el valor que recibe el que produce, a cambio del producto que ofrece) y el valor de uso (que es el valor de utilidad que proporciona el bien adquirido por el consumidor).
El modelo económico actual obliga al Estado únicamente a proteger a los grandes productores, quienes, sin control alguno de parte del Estado, han exagerado el valor de cambio para obtener las grandes ganancias que les lleven a engrosar los capitales, necesarios para mantenerse en el juego de libre mercado. Esta exageración en el valor de cambio, afecta el valor de uso de los bienes producidos, pues al perderse el espíritu de servicio en el productor, quien únicamente busca la ganancia, se anula la intención de estar al servicio de la calidad de vida del consumidor.
En su afán de lucro, quien produce los bienes y servicios no se preocupa de la calidad de vida de los obreros que trabajan en su empresa y, en consecuencia, tampoco se preocupa de los salarios justos que deberían percibir. Busca que el Estado le mantenga salarios bajos y le facilite la reducción de las prestaciones laborales. De esta manera el trabajador queda al margen del progreso y, por tanto, de toda posibilidad de alcanzar a un nivel de vida digna.
Al Estado se le obliga a “desregular” (tener nula regularización fiscal) los controles fiscales para que el gran capital no tenga ningún problema para multiplicarse. Esta desregulación no solamente lleva consigo la exoneración de las cargas fiscales que le corresponde pagar a un inversionista, por las ganancias que va generar una actividad productiva, sino que también el Estado no ejerce ningún control sobre las ganancias que ese capital genera en el mercado especulativo (hasta antes de la crisis de la Bolsa en Nueva York, esto era un principio absoluto, que ahora se trata de corregir con medidas todavía muy débiles de parte de los Estados).
En una economía con este modelo, la persona humana y sus necesidades pasan a un segundo plano, para que los seres humanos se conviertan solamente en instrumentos, que contribuyen a engrosar las fortunas de unas cuantas familias del mundo.
Son los países que tienen una economía débil, a quienes de manera más severa se imponen las medidas de desregulación de sus controles fiscales a la inversión de capitales, sean extranjeros o nacionales. También a los países débiles se les imponen políticas de privatización de los servicios que normalmente presta el Estado.
De este modo, los sistemas políticos de estos Estados, que deberían tener a su cargo el cuidado del desarrollo integral de la población de sus naciones, se ponen al servicio de quienes se enriquecen con el sistema económico imperante, que es injusto, pues la responsabilidad social del Estado queda reducida al mínimo. En esta situación, una gran parte de los ciudadanos de tales países se ven impelidos a la migración forzada, buscando no solamente trabajo, sino un fuente laboral más dignamente remunerada.
A los mecanismos del flujo de dinero a nivel internacional, sin que el Estado ejerza ningún control, se añade el dinero sucio generado por el crimen organizado. Las condiciones que el modelo económico mundial mantiene, facilitan que el dinero proveniente de acciones ilegales y criminales, se convierta en dinero legal, con el que este tipo de organizaciones compran armas más poderosas que las que tienen los cuerpos policíacos y las fuerzas armadas de muchas naciones del mundo; con ese dinero corrompen a las fuerzas de seguridad, políticos, funcionarios públicos, empresarios y operadores de centros financieros. Con ese dinero contratan jóvenes como sicarios y pistoleros, porque a esas personas nadie les ofrece la oportunidad de un trabajo honesto.
Todo se conjunta contra los migrantes centroamericanos y sudamericanos, para hacerlos vivir un clima de terror y sufrimiento a su paso por México, quienes caminan con la ilusión de alcanzar lo que se ha dado por llamar el “Sueño Americano”, es decir, ir a buscar mejores posibilidades de vida para ellos y sus familias en los EEUU. Por una parte, ya es una tragedia el hecho de que en sus propios países de origen no hayan encontrado condiciones de vida digna, y por otra, su encuentro con el crimen organizado, a quien se le permite actuar impunemente contra ellos, representa una tragedia todavía peor.
ACCIONES ANTE LA TRAGEDIA
Han desaparecido de nuestras leyes los aspectos que criminalizan a los hombres y mujeres migrantes. Hasta hace poco era considerado un delito penalizado por la ley, entrar al país sin los debidos requisitos de internación; después de que se ha realizado la reforma, resulta ser solamente una falta de orden administrativo el ingresar a México sin los correspondientes documentos migratorios.
Diversas organizaciones de la sociedad civil trabajan para que a los migrantes que cruzan el país para buscar una fuente de trabajo en EEUU, se les proteja por medio de un documento que les proporcione una calidad migratoria. México ha firmado acuerdos internacionales que le obligan a proteger los derechos humanos de las personas migrantes que se internan en su territorio sin documentos. Sólo de este modo podremos evitar el estado de indefensión en el que los migrantes se ven obligados a recorrer nuestro país.
Son muy peligrosas las condiciones en que abordan los trenes o bajan de ellos, cosa que hacen cuando el tren está en plena marcha; lo mismo sucede cuando se mueven de vagón a vagón para encontrar un espacio donde viajar, porque caminan sobre los techos de los vagones en condiciones de gran riesgo. Muchas veces caen en las vías del ferrocarril, sufren fracturas, son mutilados por las ruedas del tren, o mueren. Debido a que no cuentan con una identificación, y pueden ser detenidos y deportados a sus países de origen, transitan a pie por lugares aislados, entre bosques, selvas, montañas y desiertos, lo que los expone a ser víctimas de deshidratación y enfermedades, pero sobre todo asaltos y robos, en los que algunos de ellos son asesinados, y las mujeres en su mayoría abusadas sexualmente.
Ante las continuas denuncias de violación a los Derechos Humanos contra los migrantes, el gobierno mexicano creó una visa temporal, que permite que una persona migrante que haya sido víctima de estas violaciones, pueda permanecer en México incluso con acceso a un trabajo, mientras se realiza el juicio contra quienes cometieron tales crímenes. Desafortunadamente, aún cuando se entregan dichas visas y se pone bajo protección a las personas agredidas, el juicio contra los delincuentes no se realiza, ni se repara daño a las personas injuriadas. Entregar esa visa es un procedimiento burocrático para aparentar que México defiende los Derechos Humanos de los migrantes, pero no se concluye en nada.
Para evitar que se sigan violando los derechos de las personas migrantes en México, se deben modificar las políticas migratorias del Gobierno, cesar en su propósito de administrar el flujo migratorio para que México sea un muro de contención de los migrantes que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos e ingresar a ese país. Mientras México mantenga esta intención en sus políticas migratorias, no defenderá los derechos de las personas en situación de migración, sino que seguirá manteniendo en la impunidad todas las acciones violatorias de los Derechos Humanos de ellas y continuará haciéndose cómplice de tales injusticias.
Es urgente que el Estado mexicano sancione a quienes sin estar autorizados legalmente para pedir documentos migratorios, lo hacen solamente por la sospecha de que una persona pueda ser extranjera. Los únicos agentes autorizados a exigir documentos que acrediten una presencia legal en México, son quienes integran el INM. Ante una política de contención para que los migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, no lleguen a los Estados Unidos, todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra ellos o ellas, llegan a ser una colaboración implícita a favor de esta política, por lo que el Estado, debe responsabilizarse.
Se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) por secuestro y demás violaciones a derechos humanos de los migrantes en su paso por México. En marzo de este año, se informó en Audiencia Temática sobre esta grave “Tragedia Humanitaria”, denunciando a los funcionarios públicos y de migración como cómplices de los secuestros, extorsiones y asesinatos, sin que reaccionara, dieran respuesta, o lo negaran las autoridades mexicanas que estuvieron presentes, por lo que ahora la responsabilidad recae con mayor fuera sobre el Estado mexicano, quien al incumplir pactos internacionales que velan por la integridad de cualquier persona que esté en su territorio, merece una condena más firme de la comunidad internacional.
